Pretenden juzgar con una ley franquista a 27 trabajadores que lucharon por sus derechos

Les piden 4 años de cárcel

Lunes 8 de febrero de 2010


Los 27 trabajadores del aeropuerto de Barcelona acusados de la invasión de las pistas de despegue y aterrizaje el 28 de julio del 2008, que llevó a la paralización de las instalaciones, llegaron al juicio arropados por decenas de compañeros. La muestra de apoyo fue palpable con un lleno absoluto en la sala. La previsión era que la primera sesión del juicio, programado para que dure varias semanas, fuera tediosa y de trámite, con la aceptación o no de nuevas pruebas y el planteamiento de cuestiones previas. Pero saltó la sorpresa y se abrió un debate de profundo calado. Un enredo jurídico propio de expertos ha puesto en peligro la continuidad de la vista. Los magistrados, ante el planteamiento de los abogados defensores, deberán decidir ahora si son competentes o no para juzgar el caso.

El abogado Rafael Núñez, que defiende a 24 de los 27 empleados acusados (todos menos uno son de Iberia) argumentó al inicio del juicio la inconstitucionalidad de la ley procesal y penal de navegación aérea en la que se basa la acusación más grave que se atribuye a los imputados: un delito del tráfico aéreo. Precisamente, este tipo delictivo, el que más pena comporta, hasta 4 años de cárcel, es el que determinó que el juicio debía hacerse en la Audiencia de Barcelona y no en un juzgado penal.

Al poner en duda esta normativa de 1964 y, por tanto, preconstitucional, se abrió la discusión de qué órgano judicial es competente para dictar sentencia contra los 27 trabajadores, para quien el fiscal reclama penas de tres y cuatro años. El letrado no pidió de forma clara en un principio la abstención (falta de competencia) del tribunal, pero su presidente, Gerard Thomas, debió pronunciarse sobre este aspecto y dijo que si se consideraba la ley inconstitucional se tenía que plantear la competencia de la audiencia.

El letrado Rafael Núnez lo calificó con mucha claridad. «Es una ley franquista, preconstitucional y fascista», dijo, pues fue promulgada en 1964 y, posteriormente, a su entender, no se validó su constitucionalidad con una nueva ley. Núñez insistió en que a pesar de que al llegar la democracia hubo un compromiso para ello, no se hicieron los deberes y no es de recibo someter a los empleados acusados a una arbitrarierad bajo la imputación de un delito de «sedición».

El resto de las defensas se adhirieron, mientras que las acusaciones rechazaron la tesis. La fiscala, en un discurso contundente, explicó que los jueces son un poder independiente y la legislación permite aplicar normas promulgadas antes de la Constitución, que no quiere decir que sean inconstitucionales. Afirmó que, además, si no se consideraba que existiera un delito contra el tráfico aéreo, alternativamente ella lo califica de presuntos desórdenes públicos. El abogado del Estado incidió en que la ley discutida no es inconstitucional y que el delito contra el tráfico aéreo encaja en la conducta de los 27 acusados. En su turno, el letrado del gestor de aeropuertos AENA llegó a decir que aquello parecía más un «juicio al franquismo que a los acusados».

El debate se extendió después a otro aspecto polémico. La ilegalidad de filmaciones sobre los incidentes, en especial la registrada por una televisión, o las irregularidades al incluirlas como prueba. Las palabras de los juristas inundaron la sala toda la mañana. Solo hubo una excepción cuando, al inicio, los 27 imputados se levantaron, uno a uno, del banquillo y contestaron a la pregunta del presidente del tribunal sobre si aceptaban la acusación. Todos respondieron con un rotundo «no».


Apartado de correos 51498. 28080, Madrid.

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