J.A.P.

Déficit, Constitución y Sector Público

Miércoles 21 de septiembre de 2011


La ofensiva de la patronal y los partidos políticos a su servicio (principalmente PP y PSOE) continúa con gran virulencia. En la terrible situación económica y social actual, el gobierno, en sus últimos estertores antes de las elecciones, aprovecha hasta el último minuto de su mandato para aprobar nuevas medidas contra la clase obrera, mejorando las perspectivas de beneficio económico para la élite económica nacional e internacional a costa de empeorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

A las reformas en el ámbito laboral, como el permitir la concatenación de contratos temporales, que aumentará la inestabilidad laboral y por lo tanto empeorará las condiciones de trabajo de la clase obrera ante el chantaje de la no renovación del contrato, se une la reforma de urgencia de la Constitución, para garantizar la limitación del déficit público.

¿Democracia? ¿Dónde?

La Constitución del 78, elaborada en un momento histórico muy complicado y con el “ruido de sables” como sonido ambiente, ha sido esgrimida en multitud de polémicas políticas por los partidos mayoritarios como documento sacrosanto, intocable, símbolo de unidad y reconciliación, y garante de la convivencia. Quienes han criticado diversos aspectos especialmente sangrantes de la Constitución, como la existencia de la institución monárquica en pleno siglo XXI o el hecho de que los aspectos más sociales de la misma sean meros “principios orientadores” que quedan en muchos casos en papel mojado, han sido acusados a menudo de ser poco demócratas.

Sin embargo, cuando los intereses del capital financiero lo requieren, el sagrado documento deja de ser inmutable, y se reforma por la vía de urgencia. ¿Referendum? ¿Para qué? Ya lo dijo Aznar cuando se saltó a la torera el ya de por sí dudoso referendum sobre la OTAN, integrando a España en la estructura militar de tan “democrática” organización: hay cosas que son tan obvias que no hace falta preguntarlas al pueblo. Además, no olvidemos que un referendum, según el artículo 92 de la Constitución, tiene carácter consultivo, no vinculante, por lo que también es posible un escenario en el que se consulte al pueblo, y no se atienda a su opinión… pero esta cláusula netamente antidemocrática no parece que haya que modificarla. Así, la democracia se queda reducida a lo que realmente es bajo el dominio de la clase capitalista: elegir cada 4 años a aquellos que van a someternos a lo que el capital necesita en cada momento.

Hay otra cuestión que dilucidar: ¿por qué tanta prisa? ¿Es que el Partido Socialista quiere suicidarse a poco más de dos meses de las elecciones? Parecería más lógico hacer lo de siempre: prometer mucho durante la campaña electoral y hacer lo que les venga en gana una vez pasadas las elecciones, ¿por qué no lo hacen así esta vez? Puede que ZP y su equipo le estén “haciendo la cama” a Rubalcaba, pero es más probable que la decisión haya sido impuesta con carácter de urgencia por el eje París-Berlín, que cuando “sugiere” en realidad ordena. Todos los sectores ultranacionalistas españoles, que tanto se rasgan las vestiduras por “la patria”, se pliegan sin rechistar a las exigencias del núcleo duro la UE, tirando por tierra la soberanía nacional española y demostrando que Europa es capaz de ponerse de acuerdo… sobre cómo machacar mejor a los trabajadores y trabajadoras.

La deuda, ese grave problema.

El principal problema de endeudamiento no lo tiene el estado, lo tienen los particulares y las empresas. La deuda pública es alta, pero no lo es tanto en relación a la deuda privada.

El ejemplo más significativo de lo que está pasando con el endeudamiento privado es el generado por la compra de vivienda. El boom inmobiliario, en el que se ha basado gran parte de la economía española durante años, ha dejado tras de sí un endeudamiento importantísimo de muchas familias, que en muchos casos han perdido sus casas y al mismo tiempo han seguido debiendo dinero a los bancos que les financiaron. Ante esto, un gobierno realmente de izquierda habría promovido la nacionalización de sectores importantes de la banca, construyendo un sector bancario público al servicio de la ciudadanía; un gobierno progresista habría invertido en comprar las viviendas que iban a ser embargadas, salvando a los bancos de la quiebra y a las personas propietarias del desahucio, configurando un parque público de vivienda a ofrecer en alquiler a las personas que las necesitan; un gobierno simplemente serio habría implantado la “dación en pago” en caso de embargo; nuestro gobierno ya sabemos lo que ha hecho: todo para la banca.

Pero las empresas también tienen deudas importantes, y graves dificultades de financiación para reimpulsar sus negocios. Parece contradictorio que la patronal se congratule de la limitación de la capacidad de endeudamiento del estado, y al mismo tiempo se queje amargamente de que el crédito no fluye lo suficiente para financiar su actividad económica. Claro, ellos para mantener el ritmo de sus empresas necesitan liquidez, como es lógico, y más aún las pequeñas y medianas empresas que han visto mermados sus ingresos con el frenazo de la actividad económica. ¿Por qué el sector público no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no debe endeudarse para mantener servicios públicos o relanzar la economía mediante inversiones? Es la ley del embudo que aplica la patronal en su cruzada contra todo lo público, forzando por diversas vías a privatizar y recortar el gasto público, con la consiguiente mengua del estado de bienestar.

Comprar a peseta, vender a duro.

Lancemos una pregunta al aire: ¿sería el endeudamiento del estado tan alto sin el multimillonario rescate financiero a la banca? Claro, endeudarse para salvar los bancos no es pecado, es justo y necesario, lo que no está bien es endeudarse para mantener cosas inútiles como escuelas, hospitales y servicios sociales.

Pero la cosa no queda ahí. El “tocomocho” de la banca va mucho más allá, ya que, una vez recapitalizadas sus arcas con dinero público, con el grifo del crédito cerrado a cal y canto para los particulares y las pequeñas empresas, y con el Banco Central Europeo permitiéndoles acceder a más y más fondos al irrisorio interés del 1%, se encuentran con que los estados, para poder hacer frente al agujero en las cuentas públicas, tiene que vender deuda a intereses del 6-7% a esos mismos bancos a los que han rescatado. Para muestra un botón: los bancos españoles son los principales acreedores de deuda pública y privada portuguesa (ver http://www.rtve.es/noticias/20110407/bancos-espanoles-entre-mas-expuestos-deuda-publica-portuguesa/394082.shtml). Es el negocio del siglo: primero convierten su deuda privada en deuda pública, y luego, compran esa deuda pública a un interés desorbitado. Es muy ilustrativo al respecto el siguiente video, que aunque ya algo antiguo, deja muy claro lo que ha pasado y sigue pasando: http://www.youtube.com/watch?v=B5H49VxJ47Q.

Ahora bien, existe un riesgo: ¿y si aprietan tanto al estado que terminan ahogándolo y provocando que no pueda pagar su deuda? La reforma constitucional viene a solventar el problema, rezando literalmente el nuevo artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta” (extraido de http://politica.elpais.com/politica/2011/08/26/actualidad/1314314619_582841.html) Así, puede que no haya dinero para pagar a los empleados y empleadas públicas, puede que no podamos construir carreteras, hospitales o escuelas, que no haya para pensiones o para I+D+I, pero el pago de la deuda a los banqueros y especuladores queda garantizado constitucionalmente.

La demagogia derechista

La reducción del gasto público es uno de los principales caballos de batalla del Partido Popular. Ellos lo tienen claro: lo público está sobredimensionado, y además es sinónimo de despilfarro y mala gestión.

Algo de razón tienen: es evidente que la gestión pública es mejorable, por supuesto, y que se hace imperiosa una gestión más eficaz de recursos públicos. Pero no ahora por la crisis, también en los años de bonanza existían problemas de este tipo. Lo que es falaz, y ellos lo saben, es culpar del déficit público a estos problemas de gestión, así como culpar al déficit de todos los males de la economía. Como ya hemos dicho, el rescate financiero ha sido un elemento clave para el endeudamiento estatal, unido al descenso de actividad económica provocado por la crisis capitalista, y a una política fiscal en la que las rentas más altas cotizan muy por debajo de la media de la UE-15 (estos y otros datos ofrecidos más abajo han sido extraídos de http://www.vnavarro.org/?p=6090).

Pero además, y pese al enorme despliegue propagandístico para convencernos de lo contrario, los datos del sector público son demoledores. Por ejemplo, en España uno de cada diez adultos trabaja en el sector público; en Suecia, uno de cada cuatro. Una mentira repetida cien veces nunca será verdad, pero lo parecerá, y por eso los sectores conservadores de la sociedad, agrupados principalmente en torno al Partido Popular, repiten en sus medios de comunicación hasta la saciedad que la causa de todos los males es que hay mucho funcionario, y muy vago.

Ingresos y gastos.

No se trata de defender el endeudamiento del estado como algo positivo. Lo lógico es intentar no recurrir a ello, pero bajo determinadas situaciones puede ser inevitable. Aún así, hay otras vías para solucionar el problema del endeudamiento público que no entran en los planes de los políticos al servicio de la patronal. Por ejemplo, hablemos de los ingresos del estado: como ya hemos adelantado, España está a la cola de la UE-15 en cuanto a ingresos estatales (34% del PIB frente al 44% de media de la UE 15), fruto de una de las políticas fiscales más insolidarias de Europa, en la que las clases más pudientes salen claramente beneficiadas. De ahí la debilidad del estado de bienestar español en relación al resto de Europa, ya que, dado que se ingresa poco, se gasta poco: España es el último de la lista en cuanto a gasto público por habitante de la UE 15.

También podemos cuestionar el gasto, pero no necesariamente en el sentido en el que lo hace la patronal y sus acólitos. Podemos cuestionar, por ejemplo, el despliegue de tropas por medio mundo, para mayor gloria de la “libertad” y la “democracia”. Así, en plena crisis, recortando servicios sociales, bajando sueldos de personas trabajadoras del sector público, etc. el estado español se ha sumando a la agresión imperialista contra Libia. Eso sí, es una inversión de futuro: en cuanto acaben las hostilidades, habrá contratos para la reconstrucción, los cuales, paradójicamente, se adjudicarán empresas de los países que han arrojado las bombas que provocaron los destrozos; y, sobre todo, seguro que las multinacionales españolas de la energía obtienen parte del pastel del negocio petrolífero en pago a los servicios prestados. Ahogar en sangre un país para que fluya el petróleo y aumenten los beneficios: para eso siempre hay fondos.

Y sigamos con el apartado de gastos. En nuestro “aconfesional” estado (nótese el tono irónico) resulta sonrojante la ligazón estatal con la Iglesia Católica, la cual se materializa, entre otras cosas, en desembolso de dinero público. El último ejemplo ha sido las Jornadas Mundiales de la Juventud. El dinero ha fluido en diversas formas hacia la institución vaticana, como mediante una exención de impuestos del 80% para las grandes fortunas que han realizado “donaciones” para tan sacro evento (la oligarquía financiera y la cúpula eclesiástica, como no, continúan yendo de la mano), puesta a disposición de instalaciones públicas para el hospedaje de las personas asistentes, descuentos enormes en Metro, etc. Ante este derroche de dinero público, el austero PP aplaude, y el PSOE trata por todo los medios de maquillar lo evidente. Veamos un ejemplo de lo chapuceros que pueden ser intentado la cuadratura del círculo: varias cofradías de diversos puntos del país han trasladado a Madrid sus tronos y pasos con motivo de este evento. Pues bien, mientras Televisión Española en su Telediario se esfuerza por decir que las cofradías han costeado el traslado hasta Madrid de tan voluminosas obras de arte (se puede ver la web de RTVE, en el apartado “televisión a la carta”, Telediario de las 21 horas del día 19/08/2011, exactamente en el momento comprendido entre 14:33 minutos y 14:46 minutos) , vemos en prensa como, al menos en el caso de las cofradías malagueñas, la Diputación Provincial es la que financia la actividad (ver http://www.elcabildo.org/cofradias/item/748-la-diputaci%C3%B3n-apoya-con-20000-euros-la-presencia-de-prendimiento-y-mena-en-madrid.html). ¿Será una errata, o que TVE no considera las Diputaciones como entes públicos? Otro día hablaremos del boicot organizado contra la manifestación laicista y de los abusos policiales contra los asistentes a esa manifestación (entre los que había muchas personas cristianas que no están de acuerdo con la cúpula de la Iglesia, dicho sea de paso).

El recorte del gasto público está pensado para beneficiar a las grandes fortunas, en un doble sentido: permitiría reducirles aún más los impuestos, y facilitar la privatización de servicios públicos (tanto por la incapacidad económica para su mantenimiento como por el deterioro del servicio que justifique ante la ciudadanía su desaparición). Esa es una de las patas de la salida a la crisis, canalizando los capitales excedentes, que ahora están paralizados en los bolsillos de los más ricos, mediante la puesta a disposición a bajo costo de nuevas áreas de negocio. Más beneficios para unos cuantos, menos servicios públicos para los demás.

El que no llora no mama.

Muchas personas que trabajan en el sector público, donde las condiciones laborales no son tan malas como en el sector privado y donde aún existe una estabilidad y seguridad en el empleo, piensan que esto no va con ellos… hasta que les tocan el sueldo.

Vienen nuevos recortes, los salarios de los empleados públicos corren serio riesgo de volver a ser menguados, las privatizaciones van a aumentar considerablemente. Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones para septiembre, el movimiento 15M prepara un “otoño caliente” para pedir más democracia y el respeto a los derechos sociales y laborales, diversos colectivos y movimiento sociales también calientan motores. Los empleados y empleadas del sector público no podemos dar la espalda a esta situación, precisamente el tener mayor seguridad en el empleo debe ser una acicate para que podamos sumarnos a las movilizaciones con garantías de no sufrir represalias. Debemos tener claro que esto también va con nosotros y nosotras, que formamos parte de la clase social asalariada y que la unión hace la fuerza.

Fue lo primero que aprendimos en nuestra vida: el que no llora no mama. Demos respuesta en la calle a las agresiones de la gran patronal y los partidos políticos a su servicio. No podemos mirar hacia otro lado, nos jugamos demasiado.


Apartado de correos 51498. 28080, Madrid.

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